Estudian cambios en nivel de Lago de Atitlán

Azurdia refirió que desde hace 33 años no se actualizan las mediciones batimétricas del Lago, por ello la importancia de hacer estos estudios a fin de conocer la sedimentación causada por las tormentas tropicales y explicar el porqué de los cambios en el fondo de ese cuerpo lacustre y del nivel del agua.

Dijo que actualmente existe gran cantidad de sedimentos, principalmente causados por los dos ríos caudalosos y 55 pequeños.

Las autoridades de Sololá llevan a cabo un estudio y levantamiento hidrográfico en el Lago de Atitlán, con el objetivo de conocer la cantidad de sedimentos depositados en el fondo de ese cuerpo de agua y descubrir las causas del aumento en el nivel, que en los últimos años ha inundado viviendas, muelles y zonas de cultivo en los poblados aledaños.

Los estudios están a cargo del Departamento de Investigación y Calidad Ambiental de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno (Amsclae), con el apoyo de los ministerios de Agricultura y Ambiente, el Instituto Geográfico Nacional, la Dirección General de Asuntos Marítimos del Ministerio de la Defensa Nacional y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas.

Iván Azurdia, director ejecutivo de Amsclae, dijo que se desarrolla un sistema de información geográfico de la cuenca del Lago, con el fin de planificar mejor su manejo sostenible y recuperar la calidad del agua.

Mediciones

Las autoridades ejecutan un estudio de batimetría, para determinar la topografía subacuática y así elaborar mapas que muestren el relieve del fondo del Lago.

Según Azurdia, la primera batimetría en el Lago de Atitlán la hizo en 1972 el Instituto Geográfico Nacional, y en 1980 fueron revisadas y actualizadas las mediciones por el Servicio de Geológico de EE. UU.

Con base en esas mediciones batimétricas se hicieron mapas corregidos del fondo del Lago.

Otro informe

Estudios efectuados por el ambientalista Juan Skinner Alvarado, respecto de las variaciones en el nivel del Lago, revelan que en 1800 se encontraba a mil 538 metros sobre el nivel del mar. El nivel más alto registrado fue en 1956, cuando llegó a mil 568 metros sobre el nivel del mar.Según la investigación de Skinner, este año se registra un nivel de mil 562 metros sobre el nivel del mar, tan solo seis metros abajo del registro máximo de 1956.El ambientalista afirmó que por eso es importante y necesario conocer la naturaleza del Lago, para evitar pérdidas económicas por permitir construcciones en espacios sujetos a riesgo de inundación.“Con la existencia de regulaciones claras hemos dejado que la orilla del Lago se llene de ruinas, donde antes había playas naturales o de uso recreativo”, expuso.

Degradación de suelo seca recurso hídrico

Debido a la proliferación de zonas residenciales cada vez más impermeabilizadas con concreto, existe una seria amenaza de agotamiento de las áreas que por siglos han sido fuentes de recarga y suministro de agua para la capital y el área sur del departamento de Guatemala.

SOBRE EL AGUA

“Es un embalse donde pasaban 15 millones de metros cúbicos de agua superficial y 262 millones de metros cúbicos subterráneos, que se encuentra justo abajo del valle sur de la capital”, explicó Escobar al resaltar que la sobre explotación ha llevado a que se agote el recurso, alno tener capacidad de recarga.
“En el sur de la capital, el caudal baja a razón de dos metros cúbicos por año, desde 1978, y a ese ritmo se acabará”, aseguró Escobar.El caudal que abastece el área norte de la capital podría disminuir a seis metros cúbicos por año y convertir desde ya el área en una región semiárida.

OTROS EFECTOS

La capital posee aún sistemas de alcantarillado diseñados en los  años 1960 para atender las necesidades de 20 mil habitantes y en el que se contemplaba separar las aguas pluviales y negras para disminuir  los costos de tratamiento.

ALTERNATIVAS

Gabriel Valle, coordinador del Capítulo Metropolitano de la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (Fundaeco), explicó que el proyecto del Cinturón Ecológico Metropolitano busca la recuperación de cuencas y barrancos para garantizar en el futuro el suministro de agua.“Está con base en la infiltración al manto freático para la recarga hídrica en los barrancos, ya que el resto está impermeabilizado”, indicó Valle.Farrington y Escobar también han diseñado algunas medidas de mitigación, para que, en forma individual, se contribuya a la reutilización del agua.“Lo primero a tomar en cuenta es que cada municipalidad, por ley, tenga una planta de tratamiento de aguas y asuma su responsabilidad ecológica”, señaló Farrington.

Este caudal subterráneo alcanza seis mil kilómetros cúbicos y se extiende desde el Lago de Amatitlán hasta Chinautla, atravesando la capital, según estudios efectuados por los ingenieros expertos en recursos hídricos William Farrington y Luis Felipe Escobar.

Según la Empresa Municipal de Agua (Empagua), la capital consume 122 millones de metros cúbicos de agua —un metro cúbico equivale a mil litros— al año, y hay un déficit de 4.7 millones de metros cúbicos anuales.

Para suministrar el servicio a casi tres millones de personas, Empagua mantiene 94 pozos, de donde extrae el líquido, pero es del mismo caudal que lo hacen Villa Nueva, Mixco, Villa Canales y San Miguel Petapa.

No hay registro de cuántos pozos privados existen en el área, los que aumentan la explotación de mantos friáticos y que cada vez hay que hacer más profundos para encontrar agua.“El problema es que estas ciudades son de concreto y las recargas hídricas naturales están disminuyendo su caudal”, señaló Farrington.Según Escobar, las únicas fuentes disponibles son los barrancos, pero gran parte de ellos han sido convertidos en vertederos de desechos.

Los expertos han determinado que al ritmo que se explota el manto freático solo podría haber agua disponible para el 2030, luego habría que buscar otras formas de captarla.

La teoría de ambos ingenieros es que el agua disponible no se ha renovado, y al agotarse no se podrá abastecer a casi todo el departamento de Guatemala.

Otro problema que podría darse con el agotamiento de la capa de agua subterránea es la aceleración de hundimientos, por las cavernas que forma el agua al descender sus caudales, explicó Escobar.  Agregó: “Si la capa de agua se mantuviera a un promedio de 46 metros abajo del nivel original, en los siguientes 30 años habría hasta 20 por ciento más de hundimiento que el proceso natural”.El estudio señala que existe un “desbalance hídrico”, donde los edificios extraen hasta 35 litros por segundo del agua del subsuelo para satisfacer su demanda, mientras que el terreno está impermeabilizado y no contribuye a las recargas hídricas.

Aunque estas se separan, se unen en los drenajes principales y pocas reciben tratamiento. La mayoría se descarga directamente en los ríos Las Vacas y Villalobos.Los drenajes de Empagua llevarían un flujo de 53 litros por segundo, equivalente al 162 por ciento de lo previsto al inicio.

Mina Marlin deja altos réditos a dueños

La extracción de oro en la mina Marlin, en San Marcos, reportó durante el primer semestre de este año ingresos por US$229 millones —Q1 mil 813 millones 54 mil 730—, para convertirse en la de mayores beneficios para sus accionistas, según el informe financiero que les presentó la casa matriz en Canadá.

El costo de la extracción de oro en San Marcos se fija, en promedio, en US$182 —Q1 mil 443.32— y sigue siendo el más bajo de las 11 empresas de las que Goldcorp es propietaria o tiene participación en el continente.

De estos ingresos Marlin entregó al país el 4.25 por ciento a través de regalías, en medio de críticas de sectores ambientalistas que consideran que los daños al ambiente a largo plazo serán mayores que los beneficios percibidos.

El informe para los accionistas de Goldcorp expone que Guatemala tiene el más alto potencial en las inversiones de la compañía, después de Canadá y México.

Durante el trimestre de abril a junio, Marlin reporta que molió 472 mil cien toneladas de metal, apenas ocho mil menos que el trimestre anterior.

El informe detalla a los accionistas de Goldcorp que la mina en San Marcos sigue reportando costos de recuperación de hasta el 96 por ciento en oro y 92 por ciento en plata.

En este último metal Montana elevó su producción respecto del primer trimestre del año y está entre los más altos de la historia de Marlin.

En total la producción de plata para junio fue de tres millones 361 mil onzas, que equivalen a 159 mil 700 onzas de oro, de acuerdo con la valoración que se efectúa en el mercado.

Las ventas de oro también registraron un aumento ligero para la compañía, según el detalle, al pasar de 48 mil 700 onzas vendidas hasta marzo a 50 mil para el final del segundo trimestre.

BeneficiosLas regalías de ley y las voluntarias entregadas hasta junio último suman Q77 millones 255 mil 535.79, aunque la compañía insiste en que el monto es mayor al sumarle otros impuestos y gravámenes que paga en el país.
Montana Exploradora asegura que los aportes al Estado por la explotación minera son más elevados porque les agrega otros impuestos de carácter general y algunos específicos.
El precio en el mercado internacional de la onza de oro oscila en US$1 mil 355, lo cual significa, en promedio, más del 86 por ciento del costo de extracción por onza del metal.
Aunque el informe cita esos montos en dólares, se convirtieron a moneda local para contextualizarlos, según la tasa de referencia del Banco de Guatemala, de Q7.93037 por US$1.
Las regalías, según información del Ministerio de Energía y Minas (MEM), se distribuyeron en su mayoría entre el Gobierno y la Municipalidad de San Miguel Ixtahuacán. El primero recibió durante el primer semestre alrededor de Q36.3 millones en regalías, mientras que la comuna obtuvo Q35.7 millones.
Unos Q5 millones restantes, por ley y por convenios con la empresa, se distribuyeron entre la Municipalidad de Sipacapa, San Marcos, y los ministerios de Ambiente y Recursos Naturales y el de Energía y Minas.
En su página electrónica, Montana Exploradora detalla aportes al Estado por Q194.7 millones, pero incluye los impuestos sobre la renta, combustibles, al cianuro, costo de timbres y el impuesto único sobre inmuebles.
Una investigación publicada por el Foro de Periodismo Argentino explica que muchos países con potencial minero aplican a las empresas tanto regalías como impuestos, lo cual eleva la carga tributaria.

Esto también lo dio a conocer Mario Marroquín, director ejecutivo de Goldcorp en Guatemala, quien aseguró que la empresa deja al país el 40 por ciento de sus ingresos, que es una tasa competitiva en comparación con otras naciones.
A criterio del director del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (Calas), Yuri Mellini, Montana Exploradora miente al divulgar grandes utilidades para el país por la minería.
“Montana miente al decir que es una tasa efectiva de 40 por ciento. Al desglosarla, no es cierto, porque carga como costo los impuestos que todos deben pagar. Una utilidad tan excesiva es antiética y espuria, y tiene que ganar lo razonable. Eso es un saqueo”, explicó Melini.
Marroquín aseguró que en comparación con otras industrias en el país, la minería es de las más responsables, y “la única industria que está haciendo una retribución” es la minería metálica.
CríticasSegún el presidente de la Comisión Internacional de Juristas, Ramón Cadena, la relación de costo y beneficio de la extracción minera siempre será“un mal negocio para el país”.
El jurista señaló que la mayoría de contratos de explotación minera son lesivos para los intereses del Estado.
El mayor problema, indicó, es que “en realidad la mayoría de explotación de minerales enriquecen a las transnacionales, mientras que las comunidades están cada vez más pobres”.
Mellini coincidió con Cadena y se pronunció porque se reforme la legislación sobre minería porque las empresas deben “ganar lo razonable”.
El director de Calas también expuso que cuando la mina en San Marcos, concluya su operación y pese a los proyectos de recuperación que Montana Exploradora impulsa, el país tendrá que disponer de al menos US$150 millones —Q1 mil 189 millones— para manejar el área.
El trabajo que el Estado tendrá que asumir, según Mellini, incluye el manejo del dique de colas, entre otros aspectos residuales, a lo cual la ley no obliga a las empresas.
Marroquín afirmó que existe “un asunto de costos y precios que muchas veces no se entiende”, pero al sumarlo se tiene un aporte relativo mayor que otras industrias en el país.
No existen condiciones El director ejecutivo de Goldcorp en Guatemala Mario Marroquín  reconoció que en otros países las cargas impositivas a la industria minera son más elevadas, pero señaló que también ofrecen mejores condiciones para las compañías, además de certeza jurídica.
Marroquín afirmó que el país aún no es capaz de brindar seguridad en la inversión, y si Marlin reporta bajos costos de producción se debe a “la eficiencia de la empresa” para operar en el país.
 Sobre las regalías, Marroquín insistió en que se debe incluir toda la carga impositiva, para “entender con claridad” el aporte que la industria está dejando al país.
Historia de Montana en Guatemala El potencial de la que ahora es la mina Marlin, en San Miguel Ixtahuacán,  San Marcos, se descubrió en 1998 y recibió la licencia de operación en el 2003. Sin embargo, fue hasta el 2009 que  Montana Exploradora comenzó la extracción del metal.
Según esa firma, la primera fase de extracción fue  a cielo abierto y concluyó el año anterior, luego se continuó con la explotación subterránea a través de túneles.
Montana cuenta con otro proyecto minero,   Cerro Blanco, en Jutiapa, pero ha sido suspendido temporalmente por una  fase de factibilidad.
La conflictividad en el área de Jutiapa, al igual que en sus inicios existió en San Marcos, ha dividido a la población en contra y a favor de la empresa, hasta llegar  a  El Salvador, donde grupos ecologistas y el procurador de los Derechos Humanos de ese país  se pronunciaron contra la extracción minera, al aducir que  contamina el Lago de  Güija, compartido por ambas naciones.
En su reciente informe Goldcorp indicó a sus accionistas  que Cerro Blanco sigue siendo “un proyecto de desarrollo importante” para la empresa.
La inversión en ese proyecto es de US$151 millones —Q1 mil 197.4 millones— y, según el documento, se espera que el estudio se concluya, para tomar una decisión definitiva en cuanto al futuro de Cerro Blanco.
En otros paísesLa explotación minera existe en muchas naciones,   aunque cada una, de acuerdo con sus leyes,  fija distintas tasas de regalías e impuestos a esta industria.
Perú suma hasta el 33 por ciento de impuestos específicos y regalías a la minería, lo cual incluye una tasa corporativa.
En Brasil las regalías llegan hasta el 3 por ciento a la  industria minera,  más una tasa impositiva que puede alcanzar el 40 por ciento, para totalizar 43 por ciento de gravámenes.
En México, en la actualidad  solo se cobra 28 por ciento de impuestos a la industria específicamente. Sin embargo, está en discusión una iniciativa que busca gravar en 4 por ciento las regalías.
En Argentina la tasa de regalías ha sido fijada  en 3 por ciento del valor del metal  en boca mina.
En Brasil las regalías oscilan entre el 1 y 2 por ciento de los ingresos ajustados, más una tasa impositiva sujeta al oro.

Ley ambiental aún es débil

Después de tres años de discusión e intentos fallidos, finalmente, desde ayer, el país cuenta con una ley ambiental, aunque nace sin que haya claridad en cómo se financiará para que pueda ser funcional.

La regulación del agua es otro aspecto que se evitó discutir, y aunque recibió el apoyo de 92 diputados, durante la aprobación fue objeto de críticas.

“A esa ley le quitaron un montón de dientes y más parece un poema de amor”, cuestionó Roberto Villate, jefe del bloque de Libertad Democrática Renovada (Líder), que no apoyó la aprobación de la norma.

De acuerdo con Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, la ley “era necesaria”, y aseguró que se dejó abierta la posibilidad para que en el presupuesto para el 2014 se incluya un aporte de Q20 millones para el funcionamiento del Consejo Nacional de Cambio Climático.

Sin fuerza

Grupos ambientalistas que participaron en las discusiones durante ese tiempo, como MadreSelva, consideran que en la normativa se debió incluir una regulación sobre el cambio del uso de suelo y protección del agua.

“El cambio climático es producto de emisión de gases y contaminantes industriales. Tampoco hay regulación de los pesticidas y plaguicidas que se utilizan a discreción”, afirmó Julio González, de MadreSelva.

Ramiro Batzín, de la Mesa indígena de Cambio Climático, también señaló debilidades en la recién aprobada norma.

“La ley tendría que haber avanzado más en temas como el derecho de reconocimiento de pueblos indígenas. Lamentamos que la ley no tenga un financiamiento y la hace inútil”, dijo Batzín.

Invasión daño ecológico millonario

Un estudio del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) determinó que se causaron graves daños a la fauna y flora en la finca Las Magnolias Ixcansán, en San Mateo Ixtatán, Huehueteango, en el 2011, por la invasión de 23 familias que, según el propietario del inmueble afectado, contaron con la aprobación del entonces alcalde, Andrés Alonzo Pascual Alonzo.

El estudio, efectuado a solicitud de la fiscal del Ministerio Público Carol Aroche Pineda, indica que la invasión perjudicó la masa boscosa de la finca y dejó sin hogar a muchas especies animales.

El Conap indicó que el área invadida es de 2.93 hectáreas, en la que se cortaron unos 503 árboles, en su mayoría de 18 metros de altura, que equivalen a cuatro mil 573.34 metros cúbicos de madera.

La mayor parte de árboles era de la especie quercus, la cual está en peligro de desparecer; también había comushte, jícaro, canshán, durazno de montaña, guarumo, aguacatillo, chilich, zapotillo y palo uel. “Es imposible evaluar el daño provocado al suelo, agua, fauna y flora, debido a lo complejo en sus interrelaciones”, indica el informe.

Según Óliver Hernández, delegado del Conap, los daños al ecosistema son invaluables y los costos materiales superan Q1 millón.

El área dañada era el entorno de tigrillo, puma, venado cola blanca, cabrillo (huitzitzil), mono saraguate y mono araña, coche de monte, mazacuata, coyote, loros, tucanes, oso hormiguero y salamandra, entre otras especies.

De acuerdo con el Conap, en las 2.93 hectáreas, los invasores causaron un incendio que dañó otras 35 hectáreas.

Mynor Palacios, del Instituto Nacional de Bosques (Inab), indicó que presentaron al juzgado los resultados del estudio, como lo dictamina la Ley Forestal.

Cultivos perdidos

Elton Villatoro, propietario del inmueble, comentó que la finca está planificada en tres fases: cultivo de café, crianza de ganado y área boscosa. Dijo que perdió cosechas de café del 2012 y del año en curso, porque sus empleados no ingresan en esa área porque fueron amenazados por la anterior corporación edil y el grupo invasor.

Agregó que unos 40 empleos directos se perdieron y que unas 200 familias se quedaron sin trabajo indirecto.

Mack González, abogado de Villatoro, informó que las tierras afectadas están valoradas en Q14 millones, a lo que se le suman Q2 millones por cosechas de café perdidas, más el costo de los recursos naturales dañados.

Por la invasión fueron apresados el exalcalde Andrés Alonzo Pascual Alonzo y el exconcejal Diego Velásquez Gaspar, sindicados de atentado contra el patrimonio natural de la nación, delito contra recursos forestales, así como la recolección, utilización y comercialización de recursos naturales sin licencia. Al concejal también se le sindica de usurpación agravada y abuso de autoridad por incendio agravado.

El Juzgado de Primera Instancia de Santa Eulalia ligó a proceso a los dos acusados, dejó en prisión preventiva al exconcejal y en libertad provisional al exalcalde, quien no pudo ser localizado, para conocer su postura.

Hernández, del Conap, y Palacios, del Inab, no están de acuerdo con la libertad condicional del exalcalde, pues afirman que hay elementos suficientes para dictarle prisión.

Villatoro, propietario de la finca, expuso que el juzgado ha sido lento en resolver el problema y no le ha dado la importancia necesaria, aun cuando se trata de un tema de impacto ambiental y contra recursos naturales del Estado.

Demanda celeridad en el proceso y que el caso no quede en la impunidad. “Debe hacerse valer el derecho y el respeto a la propiedad privada, ya que existen todos los elementos y pruebas necesarias”, dijo.

Tortugas enfrentan adversidades para reproducirse

La conservación de tortugas se ve cada día más afectada por diversos factores como la pesca y la ambición de algunas personas que en lugar de esperar el desove, las matan para conseguir huevos.

CIUDAD DE GUATEMALA - Con el objetivo de evitar este tipo de prácticas, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) implementó un programa de donación de huevos, mediante el cual recolectores que subsisten con la venta de este producto donan a un tortugario certificado el 20 por ciento de la recolección.

Mynor Ramos, trabajador del Tortugario Barrio Miramar en Puerto de San José, Escuintla, comenta que la entrega de huevos ha disminuido considerablemente en los últimos días y pese a que se tiene conocimiento de que bastantes de estos reptiles han visitado la costa, solo han recibido cinco donaciones.

Ramos explica que algunos parlameros agarran las tortugas en el agua para evitar que dejen rastro en la arena y no tener que entregar la donación, luego tiran el cuerpo de la tortuga al mar, donde mueren.

En los últimos dos meses, personal del tortugario ha localizado cuatro cuerpos de tortugas en la playa, así como una tortuga con una fractura en el cráneo, la cual se presume que fue provocada por una cuatrimoto.

La recuperación del anfibio requiere de al menos 15 días para que pueda volver al agua, pero piden a la población precaución para reducir este tipo de accidentes.

Esta especie también se ve afectada por algunos pescadores que incumplen con el uso de redes con dispositivos excluidores de tortugas, ya que al no contar con este mecanismo las tortugas que quedan atrapadas mueren ahogadas, puesto que deben salir cada 10 minutos a respirar.

El transito de lanchas en zonas de paso de tortugas marinas también puede dañarlas cuando se acercan a la playa.

¿Torres en Río Dulce?

Si amamos a Guatemala debemos cuidar los ecosistemas, como el bienestar económico y físico de las personas. El Plan de Expansión de Transmisión PET-1, declarado de emergencia nacional, es en efecto indispensable para llevar electricidad por doquier, por lo que el punto no es descalificar la iniciativa, sino ¡que lo hagamos bien! Por ende, los dimes y diretes y justificaciones de cualquier tipo que no escuchen razones, están de más.

Río Dulce, al igual que el Lago de Atitlán, son lugares paradisíacos y orgullo de los guatemaltecos. Cuando algo amenaza a estos bellos lugares, saltamos de forma colectiva y les defendemos con uñas y garras. Esto está pasando en el Parque Nacional Río Dulce, donde los lugareños y comerciantes han dado el grito al cielo porque la empresa colombiana Transportadora de Energía de Centroamérica (Trecsa), que ha sido contratada por el Estado de Guatemala, construirá dos grandes torres de tendido eléctrico consistentes en 6 líneas que transportarán 150,000 voltios a inmediaciones del puente de Río Dulce y el Castillo de San Felipe. Solo el hecho de colocar estas torres mataría el turismo, y el Parque Nacional Río Dulce dejaría de ser lo que es.

Nunca antes habíamos visto una protesta en Río Dulce con embarcaciones de todo tipo y tamaño. Las razones del repudio es porque estas torres podrían hacer quebrar a negocios relacionados al turismo, teniendo un derrame económico negativo hacia el resto del país. Además, dificultaría la navegación acuática, atentaría contra la salud de los habitantes por la radiación, se perderían de 300 a 500 empleos y obstruiría la comunicación a través de celulares. Además, dificultaría la navegación aérea, pues son dos torres de 85 metros de altura, el equivalente al tamaño de la Torre del Reformador de la Ciudad y pilotos de avionetas y helicópteros podrían chocar contra los cables.

Pese a la importancia que tiene electrificar el país para el progreso de nuestra nación, la alternativa es entonces colocar los cables debajo del río, tal y como se hace en muchas islas y ciudades grandes que están conectadas por cables subterráneos/subacuáticos. Por ejemplo, la interconexión entre España y Marruecos subacuática es de 26 kilómetros de largo y de 1,450 metros de profundidad, y otra es entre Canadá y EE. UU., que moverá 1,000 megawatts de Québec a Nueva York por 539 kilómetros, construida bajo el lago Champlain y el río Hudson para minimizar el impacto ambiental y visual.

El cableado subacuático que tendría que hacer Trecsa sería de únicamente dos kilómetros de largo por 50 de hondo y podrían realizarlo con empresas profesionales como la Sissboring, que hace robots y túneles para pasar los cables bajo agua. Obviamente, esto requerirá de gastos adicionales para Trecsa. ¿Pero no lo vale Río Dulce? Confiamos en la responsabilidad social y empresarial de Trecsa, que sabrá sostener un diálogo con los pobladores, con el acompañamiento de las autoridades, y buscará la alternativa de cables bajo agua evitando los daños a la población. ¡La opción es viable! En conversación telefónica con el secretario ejecutivo de Conap, Benedicto Lucas, ha manifestado que quizás esta podría llegar a ser la solución.

Incrementa vulnerabilidad ante el cambio climático

La vulnerabilidad al cambio climático se ha incrementado en 15 departamentos susceptibles a la sequía, según el Informe Ambiental de Estado que el Ministerio de Ambiente hizo junto al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

CIUDAD DE GUATEMALA - El documento detalla que el agua cada vez es más limitada, y el 95 por ciento del consumo lo hace el sector agrícola, ganadero y manufactura.

La deforestación también ha influido en la escasez del líquido, ya que hay 130 mil hectáreas menos que en 2012.

Este informe detalla que el 60 por ciento de las casas descarga sus aguas residuales directamente a cunetas de agua pluvial.

También preocupa la contaminación atmosférica a consecuencia de que el 88 por ciento de los basureros del país son clandestinos, el resto no cuenta con estudios de impacto ambiental.

Ello favorece a la frecuencia de enfermedades respiratorias y cardiacas, asma y cáncer de pulmón.

Se espera que el informe sirva para elaborar políticas públicas que puedan revertir el daño ambiental, ya que el país es rico en recursos naturales que se están degradando aceleradamente.